12. INTERROGANTES SUSCITADAS POR ESTE PLANTEAMIENTODurante su etapa de elaboración y de reelaboración, los conceptos incluidos en este documento fueron sometidos a la consideración de representantes de los principales estamentos relacionados con el quehacer agropecuario de todos los países de América Latina. La gran mayoría de las opiniones recibidas fueron de total apoyo a estos planteamientos. No obstante, también hubo inquietudes de aparente desacuerdo sobre algunos aspectos que se aclaran a continuación: Primera inquietud Al enfatizar la necesidad de formular y ejecutar políticas agrícolas que respondan a las necesidades de los pequeños agricultores ¿no se estaría marginando a la agricultura comercial y empresarial y subestimando su importancia como "alimentadora" de las agroindustrias y generadora de excedentes exportables, máxime cuando la apertura de los mercados internacionales exige mayor competitividad? Comentario: La estrategia aquí planteada prioriza las necesidades de los pequeños agricultores; en primer lugar porque representan el 78 por ciento del total de las unidades de producción agropecuaria de América Latina; en segundo lugar porque el crecimiento con equidad y el desarrollo global de los países exigen el aporte eficiente de todos los agricultores. Si se desea ofrecer oportunidades iguales a todos, es necesario proporcionar más a los que tienen menos (mayorías silenciosas) y no a los que presionan o reivindican más (minorías ruidosas); es decir, discriminar en favor de los pequeños agricultores. Por otra parte, aunque se esté insistiendo en los pequeños agricultores, muchos de los problemas aquí indicados ocurren también con los medianos y grandes productores agropecuarios. Asimismo, muchas de las soluciones propuestas son aplicables, con las debidas adaptaciones, a todos ellos. A modo de ejemplo, las tecnologías ahorradoras de insumos, energía y capital, no sólo deberían ser adoptadas por los pequeños agricultores, que virtualmente no tienen acceso a estos factores escasos, sino también por los productores comerciales y empresariales que sí tienen acceso y que, a veces, los utilizan mal o los desperdician, elevando innecesariamente los costos de producción (maquinaria sobredimensionada, excesivo laboreo del suelo, exageradas aplicaciones de plaguicidas, fertilización sin análisis de suelo, etc.). Gran parte de los conceptos y principios (que no deben ser confundidos con recetas o fórmulas) incluidos en este documento, después de adaptados a cada escala de producción, pueden ser de aplicación universal. Finalmente, es lógico que no se puede subestimar la importancia de la agricultura comercial y empresarial, entre otras razones, por lo mucho que significa su aporte al volumen de la producción agropecuaria nacional; a la generación de empleos, directos e indirectos; al desarrollo de las agroindustrias; al abastecimiento de las grandes ciudades; y a la generación de divisas necesarias para impulsar el desarrollo nacional. Sin embargo, estos agricultores, por su nivel educativo, económico y organizativo, tienen sus propios recursos y conductos para solucionar sus problemas. En otras palabras, no se está proponiendo una estrategia que excluya a los agricultores comerciales del proceso de desarrollo, sino una alternativa que incluya a todos los productores agropecuarios. Si los países necesitan (y de hecho necesitan urgentemente) el aporte eficiente de todos los agricultores, es fundamental que en contrapartida ofrezcan a todos ellos reales y efectivas oportunidades de lograr dicha eficiencia. Ya pertenecen al pasado los maniqueísmos del tipo "agricultura empresarial o agricultura campesina" porque ambas necesitan ser eficientes. Segunda inquietud Al proponer que se priorice la adopción de tecnologías apropiadas, de bajo costo y menor dependencia de insumos y equipos externos ¿no se estaría restando importancia a las tecnologías de punta y a los insumos y equipos modernos, necesarios para aumentar la producción y la productividad, y a través de ésta lograr una mayor competitividad en los mercados internacionales? ¿No se estaría proponiendo algo muy pequeño para una agricultura que requiere dar un gran salto cualitativo hacia la modernidad? Comentario: Para satisfacer las necesidades de todos los estratos de agricultores es necesario disponer y ofrecer todas las alternativas tecnológicas (desde la época adecuada de siembra hasta el trasplante de embriones); también es necesario poder contar con todos los tipos de insumos y equipos (desde el abono orgánico producido en la finca hasta el computador que controlará la composición y el suministro de las raciones para el ganado lechero). En este aspecto tampoco tiene ya mucho sentido seguir polarizando entre "tecnología autóctona y tecnología de punta", ambas son importantes y necesarias y por lo tanto deben complementarse. Lo que se propone es que la adopción de tecnologías y la utilización de los insumos y equipos por los agricultores de bajos recursos sea hecha en forma gradual. Empezar por las innovaciones que no dependen de recursos externos al predio, por aquellas que son menos riesgosas, de menor costo y de más fácil aplicación, de modo que se puedan universalizar las oportunidades de adopción y de desarrollo; después -y sólo después- de agotar tales alternativas, avanzar hacia lo más caro y más complejo, si fuera realmente necesario. En otras palabras, se propone invertir el orden cronológico de introducción de tecnologías y de utilización de insumos, empezando por las "tecnologías de proceso" y recién después que éstas hayan sido incorporadas, potenciarlas con las "tecnologías de producto". La introducción de tecnologías no necesariamente es sinónimo de uso de insumos y maquinarias; su uso, aunque deseable, no siempre es garantía de aumentos significativos y automáticos en la productividad. A modo de ejemplo, en Brasil, en el período de 1964 a 1979, la productividad de los 15 principales cultivos aumentó en un 16,8 por ciento, mientras que el uso de insumos y equipos aumentó durante el mismo período en los siguientes porcentajes: - fertilizantes químicos 124,3% - insecticidas 233,6% - fungicidas 584,5% - herbicidas 5.414,2% - tractores 389,1%[13] Este documento critica la tendencia a empezar por lo más caro, complejo y escaso, sin haber hecho correctamente o utilizado previamente aquello que es de menor costo, más simple y más abundante. Es frecuente encontrar cultivos con insuficiente densidad de plantas y gran cantidad de malezas, en cuyos suelos se han hecho ingentes gastos en fertilización y riego, sin haber corregido previa o paralelamente aquellos importantes factores restrictivos. También existen muchos productores de leche que gastan grandes sumas en la adquisición de raciones y concentrados, sin haber eliminado previamente los endo y ectoparásitos de sus animales o sin mejorar sus pasturas, como formas de disminuir los gastos con las raciones antes indicadas. En este documento se critica la actitud de considerar las tecnologías de punta y los insumos y equipos modernos como únicas alternativas o único recurso para tecnificar la agricultura. Dado que son escasos y caros, deberían ser los últimos recursos o recursos complementarios, después de haber agotado todas las alternativas de menor costo y dependencia. Se sugiere esta inversión en el orden cronológico de tecnificación por múltiples motivos, pero especialmente para que todos los agricultores tengan reales y efectivas oportunidades de empezar a introducir innovaciones, de modernizarse y de desarrollarse; de lo contrario, no se puede hablar de crecimiento con equidad, porque éste sólo será una realidad cuando todos tengan dichas oportunidades. Se propone partir de lo que es posible hacer con los recursos realmente disponibles y más abundantes, que sólo requieran de capacitación por parte de los agricultores, y después de haber logrado acumular algunos excedentes, continuar con lo que es más escaso, más caro y que depende de recursos externos. Si queremos ser coherentes con el planteamiento del crecimiento con equidad y si no podemos ofrecer tecnologías de punta e insumos de alta productividad a todos los agricultores porque no tenemos los recursos suficientes para hacerlo, debemos empezar con tecnologías de bajo costo y menos dependientes de insumos externos. Después que los agricultores hayan adoptado correctamente todas las tecnologías de bajo costo, sería hasta un contrasentido no potenciarlas o no complementarlas con las tecnologías e insumos de mayor costo, con el propósito de aumentar rendimientos y garantizar mejores cosechas. Sería una ingenuidad pensar que podría abastecerse a las cada vez más grandes metrópolis de América Latina, "alimentar" a los a las agroindustrias y generar los imprescindibles excedentes exportables a precios competitivos sin usar fertilizantes, plaguicidas, tractores, riego, etc. Sin embargo, por el hecho de que estos factores externos son escasos e insuficientes para ofrecerlos a todos los agricultores, con mucho más razón es necesario crear los prerrequisitos o condicionantes para que dichos factores, cuando estén disponibles, produzcan todo el efecto potenciador que poseen; ello ocurrirá con mayor eficiencia si dichos condicionantes (las alternativas tecnológicas incluidas en el Capítulo 5) preceden al uso de los factores externos. A modo de ejemplos: i) el riego tendrá un gran efecto potenciador si se siembra una semilla de buena calidad, en la época y densidad adecuadas, si se eliminan las malezas, si se fertiliza adecuadamente, etc.; ii) un suplemento concentrado tendrá un efecto positivo (técnico y económico) en la producción de leche de una vaca de buen potencial genético, sana, que esté desparasitada y pastoreando en una buena pradera (con tales antecedentes o prerrequisitos, probablemente sería hasta un contrasentido no darle el referido suplemento, si el adicional de leche producida resultara en una relación costo/beneficio favorable). Aquí cabe preguntar ¿cómo sería la agricultura latinoamericana si la mayoría de los agricultores adoptase por lo menos las tecnologías de bajo costo que no requieren de factores adicionales a los que estos agricultores ya poseen? ¿En cuánto aumentarían la producción y la productividad? ¿Cuánto ahorrarían los gobiernos y los agricultores en créditos, en obras de riego y drenaje, en tractores y cosechadoras, en tierra, en animales y sus alimentos y en instalaciones, por el simple hecho de aumentar la productividad de los factores antes mencionados y con ello necesitar adquirirlos en menor cantidad? En principio, si se lograra multiplicar por dos los rendimientos de cada uno de estos factores se podría dividir por dos la necesidad de cada uno de ellos; es con este pragmatismo que es necesario buscar la equidad, cuando no se puede hacerlo por la vía cómoda y convencional de obtener más recursos. ¿En cuánto aumentaría la producción y se reducirían los costos de producción (y por ende aumentarían los ingresos) por el solo hecho de que los agricultores adoptasen tecnologías elementales para eliminar los gastos invisibles y los costos ocultos que son causados por ineficiencias y subaprovechamiento de los recursos ya disponibles? El simple pero desgraciadamente muy frecuente hecho de no ejecutar las actividades a tiempo provoca perjuicios que jamás podrán ser recuperados, como por ejemplo: llevar la hembra al semental después de haber perdido varios celos; vacunar a los animales cuando la enfermedad ya llegó a la comunidad; desparasitarlos después de que los parásitos ya hicieron un gran daño; desmalezar después de que las malezas ya afectaron de manera irreversible el rendimiento del cultivo; cosechar después de que gran parte de la cosecha ya está perdida, etc. Es absolutamente necesario aplicar correctamente las tecnologías, usar racionalmente los recursos productivos, mejorar la administración predial, utilizar parsimoniosamente los insumos y reducir los gastos de inversiones. Dicha necesidad se hace aún más imperiosa si se toma en cuenta que tenemos que actuar en un mercado internacional altamente competitivo, en el cual participan países desarrollados que subsidian fuertemente a sus agricultores, en circunstancias en que nuestros países desgraciadamente no disponen del poder político para impedir que ellos lo hagan, ni del poder económico para subsidiar a los mismos niveles a nuestros agricultores. Tercera inquietud Al proponer un modelo de desarrollo agropecuario menos dependiente de factores externos y al sugerir que las propias familias rurales debieran protagonizar la solución de sus problemas ¿no se estaría dando la sensación de que los servicios de apoyo al agro y los agricultores mantienen recursos ociosos que están siendo desperdiciados y que, por lo tanto, no debería asignárseles recursos adicionales? ¿No se estaría legitimando y contribuyendo a que el Estado, que ya asigna recursos insuficientes al sector agropecuario y hace muy poco por la gran mayoría de los agricultores, les ofrezca y haga por ellos cada vez menos? Por el contrario ¿no debería el Estado fortalecer sus estructuras operativas de apoyo al medio rural y asignar recursos adicionales al desarrollo del agro? Comentario: Evidentemente, sería deseable que el Estado hiciera todo lo antes mencionado y mucho más; que ofreciera más tierra, concediera créditos adecuados a todos los agricultores, subsidiara la agricultura, garantizara la comercialización a precios remuneradores, etc. Sin embargo, aunque el Estado quisiera, no podría hacerlo todo en favor de todos ya que existe un evidente desequilibrio entre las múltiples necesidades de un gran contingente de agricultores y las reconocidamente reducidas posibilidades del Estado para satisfacerlas. Por ello es necesario liberar al Estado de aquellas acciones delegables que los agricultores organizados pueden tomar por su cuenta y permitir que se ocupe sólo de aquellas que los productores agropecuarios no pueden ejecutar. De esta forma, el Estado podría concentrar sus esfuerzos y sus recursos en algunas actividades estratégicas y ejecutarlas en forma realmente eficiente en favor de todos los agricultores. Entre estas actividades podemos mencionar: educación básica rural, generación y difusión de tecnologías, capacitación de los agricultores y ejecución de algunas obras de infraestructura. Si el Estado sigue haciendo lo prescindible en favor de una minoría de agricultores no dispondrá de tiempo ni de recursos para hacer lo imprescindible, en favor de la totalidad de ellos. Los recursos que el Estado aplica actualmente en la ejecución de los servicios delegables, en la concesión de subsidios y subvenciones destinados a corregir las consecuencias de una agricultura ineficiente, en la importación de alimentos y en la mantención de instituciones que gastan recursos pero no producen resultados, podrían ser canalizados a programas de generación de tecnologías apropiadas y de capacitación de los productores. Con ello, los propios agricultores se volverían más eficientes y rentables y consecuentemente menos dependientes del paternalismo y de los subsidios (eliminada la causa desaparece el efecto). Los agricultores organizados deberían complementar las acciones del Estado, facilitarlas y hacerlas más eficientes, compartiendo con éste los esfuerzos en pro del desarrollo agropecuario. Es necesario advertir que de poco servirá disminuir la dependencia que tienen los agricultores de los recursos y servicios del Estado y permitir que, por su fragilidad y desorganización, sigan expuestos a la excesiva dependencia del sistema agroindustrial(49*) y comercial privado. Por ello, se insiste en la necesidad de capacitar, sensibilizar y organizar a los productores agropecuarios para que constituyan sus propios servicios y de esta forma disminuyan, hasta donde sea posible, su dependencia de ambos (del Estado y del sistema agroindustrial y comercial privado) y que, en lo posible, ellos mismos sean, por un lado, los propietarios de las agroindustrias (aunque sean familiares y/o comunitarias) que producen algunos insumos o de las que hacen la primera etapa de procesamiento de los productos que cosechan y, por otro lado, que sean los comercializadores de los insumos y de los productos que cosechan. Cuarta inquietud Al poner énfasis en la solución de los problemas internos de las fincas y comunidades rurales ¿no se estaría subestimando algunos factores externos de fundamental importancia para promover el desarrollo rural, tales como la tenencia de la tierra y la asignación de recursos fiscales adicionales para fortalecer los servicios agrícolas de apoyo? Comentario: En lo referente a la tenencia de la tierra, la distribución extremadamente injusta de este factor de producción en la mayoría de los países de América Latina de por sí justifica el esfuerzo en pro del mejoramiento de la situación vigente, máxime cuando se sabe que con frecuencia los grandes propietarios no la explotan racionalmente o la mantienen ociosa y con fines especulativos, mientras muchos pequeños agricultores no disponen del mínimo indispensable para su propia subsistencia. En algunos casos, la superficie de tierra que detentan los minifundistas es tan reducida que, aun utilizándola intensiva y racionalmente no les permitiría salir de la marginalidad social en la cual se encuentran y requerirían de opciones adicionales de empleo e ingreso. Pero también es verdad que, en muchos casos, ellos disponen de una razonable superficie de tierra, cuentan con buenas precipitaciones, tienen acceso al crédito y a otros factores externos, sus predios están servidos por buenas carreteras y, sin embargo, no producen satisfactoriamente y no generan los ingresos suficientes. El promover la distribución de la tierra, aunque sea necesario y en muchos casos imprescindible, no será suficiente ni eficaz si, por falta de capacitación y de organización de los agricultores persisten al interior de las fincas y comunidades profundas distorsiones en la administración de los recursos, en el acceso a los insumos, en la producción y en la comercialización (como las que aparecen en el dibujo Nº 4). En otras palabras, ambas reformas la de la posesión y la del uso de la tierra son necesarias. Sin embargo, en los casos en los cuales este último no depende de la primera, no se justifica esperar cambios estructurales para empezar a solucionar los problemas de aquellos agricultores que no se ven obstaculizados por el factor externo antes mencionado. No debe pedir recursos adicionales quien previamente no utilizó íntegramente los recursos que posee. En lo que respecta a la asignación de recursos fiscales adicionales para fortalecer la institucionalidad del apoyo al agro, es evidente que es sumamente necesario. Pero además de los acentuados déficit fiscales de los gobiernos, que limitan tal posibilidad, es necesario reconocer que no es razonable asignar más recursos si se permite que al interior de estas instituciones sigan ocurriendo graves distorsiones y deficiencias. Frente a la paradoja de la insuficiencia de recursos por un lado y su mala utilización por otro, parece lógico y de sentido común otorgar absoluta prioridad a una utilización eficiente y racional de los recursos ya disponibles, y sólo después de haber utilizado plenamente los recursos existentes, se podrá justificar la necesidad de aportes adicionales externos. Hacer lo contrario, significaría estimular la ociosidad y premiar la ineficiencia. En esta Región, existen muchos ejemplos en los cuales los gobiernos aportaron los recursos adicionales, reclamados por las instituciones como necesarios para mejorar su desempeño. Lamentablemente, en muchos de estos casos, los recursos fueron aplicados en la ampliación de sus estructuras operativas; en la construcción de sedes administrativas; en la adquisición de vehículos, computadores, procesadores de textos y fax; en la contratación de más asesores y directivos; y a pesar de ello, lamentablemente, no hubo mejoramiento de la eficiencia ni de la productividad personal e institucional. Los recursos fueron destinados para satisfacer las necesidades de la institución y de sus funcionarios (corporativismo), y no del público, a nombre del cual dicha institución fue constituida. Dado que los recursos son de hecho escasos e insuficientes, con más razón deberán ser utilizados con racionalidad y eficiencia. La concesión de mayores aportes fiscales para seguir "haciendo más de lo mismo" no parece ser lo más adecuado, sino que debería estar condicionada a la eliminación de las deficiencias, las ociosidades y los desperdicios que se encuentran fácilmente al interior de los organismos públicos. Suele existir un excesivo énfasis y empeño en conseguir recursos adicionales para el desarrollo (camino más fácil), pero lamentablemente suele ser minúsculo el esfuerzo para garantizar (camino más difícil) que dichos recursos sean aplicados con parsimonia y racionalidad para mejorar la productividad; y sin ésta, cualquier adicional de recursos será irracional y artificial. A las instituciones no se las debe juzgar por el monto que disponen para el desarrollo agropecuario, pero sí por los beneficios concretos que hacen llegar a los agricultores. Quinta inquietud La propuesta de capacitar a las familias rurales, organizar a las comunidades, utilizar racionalmente los recursos disponibles, introducir innovaciones de bajo costo y eliminar ociosidades, tiene un sentido común, que difícilmente podría provocar desacuerdos. Si existe aceptación y un relativo consenso al respecto y si además sus componentes son suficientemente conocidos ¿por qué se "resucita" una propuesta antigua y se insiste en algo que ya se conoce y que ya se sabe que hay que hacer? Comentario: En el contexto de la dramática situación de endeudamiento de los países, las debilidades de sus instituciones y la pobreza de la gran mayoría de los agricultores de América Latina y el Caribe, sólo una propuesta de bajo costo será capaz de compatibilizar los cuatro grandes desafíos que actualmente enfrenta el sector agropecuario (sostenibilidad, rentabilidad, competitividad y equidad) con el neoliberalismo que contribuye a reducir aun más los servicios y recursos que el Estado asigna al sector agropecuario. Esta propuesta es antigua en su concepción, pero es moderna en su adecuación a la actualidad latinoamericana, porque concilia las limitadas posibilidades del Estado con las urgentes necesidades de agricultores. De otra parte, el hecho de que una propuesta sea de sentido común, consensual, antigua y conocida, no es suficiente para solucionar los problemas existentes si no se la adopta. Un autor ha dicho que "el valor nutritivo de una manzana es cero, a menos que ella sea comida". Por ser tan obvias y elementales, se da por sentado que las propuestas de este documento ya han sido o, por lo menos, ya deberían haber sido adoptadas por la mayoría de los agricultores. Lamentablemente, la realidad es muy diferente: basta con recorrer hogares, fincas y comunidades rurales para constatar que la gran mayoría de las familias no las ha adoptado, aunque muchos de sus componentes sean de bajo costo y fácil aplicación. Los bajísimos rendimientos promedio (véase página 26 del Capítulo 3) de la agricultura latinoamericana (no sólo de los pequeños agricultores) confirman y demuestran el bajo nivel y la forma incorrecta en el uso de los insumos y en la aplicación de las tecnologías, inclusive de las más elementales. Quienes conocen y conviven con el campo, saben que ésta es la lamentable realidad y saben también que es exactamente la falta de adopción de estas tecnologías elementales (y no de las sofisticadas y de alto costo) lo que está determinando los bajísimos rendimientos de la agricultura de esta Región. Varias propuestas obvias y elementales de este documento, aunque conocidas y tácitamente aceptadas, no han sido llevadas a la práctica. En tales condiciones, la prioridad deberá ser aplicar lo que ya se conoce, lo que es factible y eficaz, en vez de seguir proponiendo soluciones espectaculares y resonantes, generalmente utópicas e inalcanzables; de poco sirve hacer profundas elucubraciones filosóficas y diseñar complejas y sofisticadas simulaciones teóricas, si los países no disponen de recursos para financiar estos grandes proyectos, ni de estructuras operativas para que sus servicios lleguen a las personas para las cuales fueron diseñados y si éstas no están capacitadas para beneficiarse de dichos perfeccionismos. Así lo han demostrado varias panaceas que se han experimentado en la Región durante las últimas cuatro décadas y que han sembrado falsas expectativas y producido grandes frustraciones. La validez de una propuesta no se mide por su complejidad(50*) o sofisticación, sino por su factibilidad y eficacia. Mientras existan fincas y comunidades subutilizando o desperdiciando recursos, adoptando procedimientos inadecuados y operando con baja eficiencia, será necesario renunciar a los perfeccionismos y difundir alternativas realistas y sobre todo compatibles con los recursos realmente existentes. Y ello deberá durar hasta que dichas medidas se adopten y los problemas se resuelvan, no importando cuán antiguas o nuevas sean tales propuestas. Sexta inquietud La estrategia propuesta parece ser adecuada a las posibilidades de los agricultores y eficaz en la solución de sus problemas más inmediatos. Sin embargo, para llevarla a la práctica y a pesar de que se insiste en el protagonismo del agricultor, éste no ocurrirá por generación espontánea sin un estímulo inicial externo. En la actualidad, los agricultores no tienen condiciones de protagonizar su autodesarrollo. Estas medidas requieren como mínimo reforzar y reorientar la investigación y la extensión rural a las circunstancias reales que caracterizan a la gran mayoría de los agricultores. ¿Quién lo hará, a sabiendas de que: i) las facultades de ciencias agrarias no están formando profesionales con el perfil necesario para hacer factible esta nueva estrategia de desarrollo; y ii) el Estado tiende más bien a reducir los ya insuficientes recursos que asigna al agro y a privatizar sus servicios? Especialmente si se considera que las empresas privadas con fines de lucro reconocidamente no tienen interés en generar y difundir tecnologías para los pequeños agricultores, porque ellos no compran insumos ni equipos y tampoco pueden pagar la asistencia técnica. Comentario: En primer lugar, es necesario introducir profundos cambios en la formación de los profesionales de ciencias agrarias. Dichos profesionales deberán recibir una formación que les permita reorientar los servicios de apoyo al agro y movilizar las voluntades de los agricultores, capacitándolos para que sepan hacer factible su autodesarrollo endógeno y transformar sus realidades adversas. La formación de estos profesionales asume una extraordinaria importancia estratégica en esta etapa de transición, que va: i) del crecimiento excluyente al crecimiento con equidad; y ii) del paternalismo del Estado al protagonismo del agricultor. A ellos les corresponde la difícil tarea de buscar la equidad a pesar de las restricciones del liberalismo económico. Luego de más de cuatro décadas de intentar, con poco éxito, la superación de los problemas de los agricultores a través de soluciones exógenas de tipo político y macroeconómico, ahora se empieza a reconocer y a valorar la importancia de las soluciones endógenas de tipo técnico y microeconómico. En la actualidad, la viabilización económica de los agricultores tendrá que ser lograda a través de la eficiencia técnica, gerencial y organizativa. Este es el único camino realista para contrarrestar la retirada de los subsidios que, durante muchas décadas, permitieron en forma artificial que la agricultura pudiera ser rentable, aun teniendo muy bajos rendimientos. En la actualidad, ya no existe tal posibilidad y por este motivo, a partir de ahora, la viabilidad económica de los agricultores será sinónimo y consecuencia de su eficiencia productiva y gerencial. Estas soluciones (endógenas, técnicas y gerenciales), por su propia naturaleza, sólo pueden ser formuladas y ejecutadas por los profesionales de ciencias agrarias. En segundo lugar, y como consecuencia del reconocimiento de la importancia estratégica y de la eficacia de su acción profesional, éstos necesitan despojarse de algunos prejuicios que durante muchos años han entorpecido (en vez de estimular) las iniciativas de ellos mismos y de los agricultores(51*). Es importante despojarlos de tales prejuicios porque: i) aunque estos factores sean deseados y a veces deseables, no siempre son indispensables; ii) los gobiernos no están en condiciones de proporcionar todos estos estímulos a la totalidad de los agricultores; y iii) inconscientemente tales prejuicios paralizan las iniciativas de los profesionales (y por ende las de los agricultores) y los conducen a no asumir este desafío, porque les dan la sensación equivocada de que no son ellos quienes deben y pueden solucionar los problemas existentes. Es necesario que estos profesionales asuman como suya la responsabilidad de promover los profundos cambios que se requieren, sobre todo en los organismos de investigación agropecuaria y de extensión rural, y que asuman dicha responsabilidad como suya, porque sólo ellos tienen o deberían tener la idoneidad técnica para hacerlo. Los referidos profesionales necesitan cambiar de actitudes, elevar su autoconfianza y darse cuenta de que estas transformaciones en la investigación y en la extensión: a) deben ser hechas por ellos mismos; b) no siempre ni necesariamente requieren de las decisiones de los altos ejecutivos de las referidas instituciones o de otras autoridades externas a ellas; c) no siempre ni necesariamente dependen de que los parlamentos aprueben nuevas leyes; d) no siempre ni necesariamente dependen de la asignación de recursos adicionales de consideración; e) sí dependen de que cada profesional adopte las medidas que estén a su alcance, dentro de su ámbito de acción, por reducido que sea dicho ámbito y por bajo que sea su nivel jerárquico. Al hacerlo se darán cuenta de lo mucho que pueden hacer (sin depender de terceros) y de lo importante que es su aporte al desarrollo de la agricultura y del país. Cuando todos lo hagan -y recién después de que ello ocurra- habrá verdaderos cambios en las estaciones experimentales y en las agencias de extensión y, a través de ellas, en las fincas y comunidades rurales. En tercer lugar, el neoliberalismo, la privatización de los servicios y la desactivación de los organismos públicos, no pueden ir hasta las últimas consecuencias; su adopción indiscriminada contribuiría a aumentar aun más, en vez de disminuir, la brecha entre la próspera agricultura comercial y la estancada agricultura de los pequeños productores. Por esta y otras razones, el Estado no puede abandonar en forma abrupta a los pequeños agricultores sin antes haberles ofrecido los requisitos mínimos, especialmente de capacitación y de organización, para que ellos constituyan sus propios servicios (de recepción y de entrega) y asuman en forma gradual, la responsabilidad por la solución de sus propios problemas, con mayor autonomía y con menor dependencia del gobierno. El Estado deberá seguir haciéndose cargo de varias actividades, entre ellas la generación de tecnologías y la formación y capacitación de las familias rurales. Sin embargo, la nueva acción del Estado deberá sufrir una profunda y radical transformación en su orientación. El Estado deberá capacitar a los agricultores ya no para perpetuar su dependencia del propio gobierno, del crédito, del subsidio, de la garantía oficial de precios y comercialización; pero sí capacitarlos con el claro objetivo de independizarlos de tales factores externos, enseñándoles tecnologías que prescindan hasta donde sea posible, de dichos factores, y estimulando su organización para que constituyan sus propios servicios y, a través de ellos, puedan dejar de ser tan dependientes de los servicios estatales.(52*) En la actualidad, la acción del Estado ya no puede y no debe tener un carácter paternalista y permanente de intentar solucionar, año tras año, los problemas de los agricultores; más bien deberá tener un carácter selectivo, instrumental, transitorio y, muy especialmente, educativo, para que las propias familias rurales posean y dominen los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan asumir la responsabilidad de su propio desarrollo en forma más autogestionaria y autodependiente. Los servicios del Estado deberán tener como objetivo lograr que ellos mismos se vuelvan innecesarios en el más corto período de tiempo. Algunos ejemplos ilustrarán mejor este concepto: - Conscientes de que no disponen de recursos para subsidiar una agricultura ineficiente, los gobiernos deberían eliminar las causas de la baja rentabilidad en vez de corregir sus consecuencias. Con tal fin deberían proporcionarles conocimientos para que los agricultores mejoren su eficiencia productiva y gerencial; cosechen más kilos de producto por unidad de mano de obra, de tierra, de animal, de insumo, de tractor, de energía y de tiempo; reduzcan sus costos unitarios; y mejoren la calidad de sus excedentes. Si los agricultores adoptasen estas 4 medidas tendrían rentabilidad, aun sin recibir subsidios. - En vez de conceder créditos todos los años para que los agricultores adquieran insumos externos, el Estado debería enseñarles alternativas tecnológicas y gerenciales que disminuyan la dependencia de dichos insumos, o que autogeneren recursos en sus propias fincas y se autofinancien para disminuir la permanente necesidad de recibir crédito oficial. - En vez de lanzar carísimos proyectos de colonización y reforma agraria destinados a asentar nuevos colonos, el Estado debería adoptar medidas de muchísimo menor costo para evitar que los agricultores ya asentados abandonen el campo. - En vez de importar o fabricar más tractores y conceder más crédito para que los agricultores puedan adquirirlos, el Estado debería capacitarlos para que no sobredimensionen su inversión en este rubro, que no hagan el laboreo del suelo en forma excesiva, que hagan su mejor mantenimiento con el fin de alargar su vida útil, etc. - En vez de hacer grandes inversiones públicas y privadas en carísimas obras de riego, el Estado debería capacitar a los agricultores para que mejoren la bajísima productividad de los sistemas de riego ya existentes y adopten otras tecnologías que permitan al riego manifestar todas sus grandes potencialidades. - En vez de priorizar la importación de animales de alto potencial genético y conceder crédito para que los agricultores puedan adquirirlos, el Estado debería capacitarlos para que mejoren: a) la eficiencia reproductiva de los animales que ya poseen (y con ello disminuir el número de los que necesitan comprar); y b) la eficiencia productiva del ganado pudiendo aumentar así la producción, sin necesidad de adquirir más animales. - En vez de financiar la adquisición de más cosechadoras, el Estado debería capacitar a sus operadores para que sepan regularlas y manejarlas, con el propósito de reducir las pérdidas en la cosecha y ayudar, con estos ahorros, a que los agricultores las adquieran con menor dependencia del crédito. Esta nueva orientación podría: a) compatibilizar las inmensas necesidades de millares de agricultores con las limitadas posibilidades del Estado para satisfacerlas; y b) conciliar la factibilidad de ser llevada a la práctica con la eficacia en la solución de los problemas de los agricultores. No se trata, por lo tanto, de desactivar o privatizar todos los servicios públicos; es necesario mantener los que son indelegables, pero volverlos eficientes y funcionales a las reales necesidades de los agricultores, hasta que las familias rurales logren emanciparse y ser autodependientes en la solución de sus problemas. En el ámbito de sus propios servicios agrícolas de apoyo, el Estado podría adoptar varios de los principios de gradualidad y pragmatismo que este documento propone para el ámbito productivo de la agricultura. El Estado, ante la real imposibilidad de hacer todo por todos, pero consciente de que necesita ofrecer un mínimo de oportunidades de autodesarrollo a la totalidad de los agricultores, debería fijar prioridades en forma estratégica, por lo que se recomienda concentrar el esfuerzo y los escasos recursos del gobierno en aquellas medidas seleccionadas bajo los criterios de menor costo y de mayor efecto multiplicador en el espacio (replicabilidad) y en el tiempo (perdurabilidad) y que propendan a lograr que los agricultores sean menos dependientes de factores externos, inclusive de los servicios y recursos del propio Estado. La investigación agropecuaria y la extensión rural, reúnen estos dos requisitos (menor costo y mayor efecto multiplicador) y, por tal motivo, deberían recibir mayor apoyo político y financiero del Estado. Sin embargo, dicho apoyo no debería servir para que ellas "sigan haciendo más de lo mismo"; estos dos servicios de apoyo al agro requieren profundas modificaciones. Los organismos de generación de tecnologías deberán priorizar a la investigación aplicada y, más aún, a la inmediatamente aplicada y a aquella de gran relevancia para la mayoría de los agricultores(53*) (y no tanto para publicarlas en las revistas científicas internacionales o para satisfacer inquietudes personales de los investigadores) . El mayor apoyo a la extensión rural deberá estar condicionado, por un lado, a que ésta otorgue absoluta prioridad a una recapacitación (pragmática y práctica) de los extensionistas para que tengan real capacidad de ayudar a los agricultores para que puedan solucionar sus problemas dentro de la escasez y de la adversidad que los caracteriza; esta recapacitación es absolutamente imprescindible porque los actuales extensionistas fueron formados para promover una agricultura impulsada a crédito, a insumos de alto rendimiento, a subsidios y proteccionismos, factores a los cuales la inmensa mayoría de los agricultores, sencillamente no tiene acceso. Por otro lado, el apoyo a la extensión rural también deberá estar condicionado a que los extensionistas permanezcan efectivamente en el campo y, si fuera necesario, que vivan en las propias comunidades para que concentren todo su tiempo y esfuerzo en sus funciones, las que por su propia naturaleza son esencialmente educativas y deben ejecutarse directamente en las fincas y comunidades rurales (no en las oficinas). Es fundamental, además, que adopten estrategias y métodos mucho más eficientes y eficaces para reducir los costos por familia asistida e incrementar la cobertura del servicio. Es necesario no olvidar que la sociedad (que con sus impuestos mantiene a los organismos públicos) está cada vez menos dispuesta a financiar dependencias gubernamentales que no responden a sus necesidades concretas; y ya no puede y no debe aceptar que se mantengan instituciones que gastan recursos y que no producen resultados palpables y mensurables. En consecuencia de lo anterior, los organismos que deseen seguir recibiendo apoyo financiero del Estado deberán demostrar a quienes distribuyen los recursos fiscales que, en términos comparativos o competitivos, vale más la pena invertir en ellos que en otras instituciones. Ya no es suficiente que tales organismos sigan informando sobre la calificación académica de sus profesionales, sobre la informatización de sus procedimientos administrativos, o sobre las actividades que realizan: la sociedad quiere saber qué resultados concretos produjeron dichas actividades; quiere saber cómo dichas actividades incidieron en el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de los agricultores; qué problemas (de los productores y del país) ayudaron a solucionar; cuánto aumentaron la producción del país y la productividad de los agricultores; cuánto contribuyeron a reducir las importaciones y a aumentar las exportaciones de productos agropecuarios, etc; en fin, cómo respondieron a los objetivos para los cuales fueron creados. Los organismos que no logren demostrarlo, difícilmente podrán mantenerse por absoluta falta de apoyo político/financiero y de legitimidad de la opinión pública, porque éstos serán canalizados a aquellas instituciones que sí logren demostrar que realmente están retribuyendo a la sociedad (en calidad, eficiencia, desempeño, etc.), el apoyo financiero que se les otorgó. Lo anterior significa que, junto con solicitar más recursos externos, las instituciones deberán comprometerse a introducir profundos cambios internos, porque de ahora en adelante, aquéllos estarán cada vez más condicionados a éstos. La estrategia descrita en este documento será eficaz siempre y cuando exista real eficiencia, racionalidad y productividad en los organismos de investigación y extensión rural. No es suficiente que generen y difundan más tecnologías: es necesario que éstas sean relevantes y que sean aplicadas correctamente por los agricultores. Si éstos no las están adoptando o no están haciéndolo en forma correcta significa que algo muy grave está ocurriendo y no necesariamente porque los demandantes son reacios al cambio, sino que muy probablemente porque los ofertantes no les están ofreciendo alternativas compatibles con sus reales necesidades y posibilidades. 49. La clásica integración de los pequeños agricultores con una empresa agroindustrial privada (que les concede el crédito, las semillas, los insumos, los pollitos, la ración, la asistencia técnica y les garantiza la comercialización), normalmente adoptada por la industria tabaquera y avícola, puede ser muy cómoda para los productores rurales y muy interesante para las conveniencias de la agroindustria, pero no necesariamente para las conveniencias económicas de los pequeños agricultores. 50. "Es una tarea simple complicar las cosas, pero es una tarea complicada hacerlas simples" - Dr. Julio García Tobar. 51. Como por ejemplo, pensar que sólo es posible promover el desarrollo agropecuario con profundas reformas estructurales, con decisiones políticas de alto nivel, con mucho crédito subvencionado, con tecnologías de punta, con grandes obras de infraestructura, con ampliación de las estructuras operativas de los servicios agrícolas de apoyo, con garantías oficiales de comercialización a precios remuneradores, etc. 52. "Cuando los remedios no tienen suficiente eficacia para curar las enfermedades es necesario curar los remedios, para que éstos curen al enfermo" - Padre Vieira, Sermao de Santo Antonio. 53. Los agricultores tal como son y no como quisiéramos que fueran. |