7. EL PROTAGONISMO DE LOS AGRICULTORES TIENE SUS LÍMITES: EL ESTADO NO PUEDE DESHACERSE DE LOS SERVICIOS ESTRATÉGICOS
En los capítulos anteriores se ha tratado de demostrar que los pequeños agricultores pueden obtener resultados extraordinarios en términos de aumento de la producción, de la productividad y de los ingresos. Y ello por escasos que sean sus recursos de capital, por adversas que sean las condiciones físico productivas de sus predios y por limitados que sean los aportes de recursos y servicios externos a sus fincas y comunidades. Ello indica que ellos también pueden alcanzar la eficiencia, transformarse en pequeños empresarios conectados con el mercado en forma competitiva y modernizarse sin modernismos y sin consumismos tecnológicos.
Sin embargo, aunque ello sea posible, no es justo imponerle a los campesinos una política de sacrificios, abnegaciones y "economía de guerra", condenándolos a seguir produciendo ad infinitum en condiciones de adversidad y escasez y con mínimo apoyo oficial, con mayor razón si el Estado sigue aplicando sus recursos en actividades muchísimo menos importantes que la producción de alimentos. Es fundamental, entonces, que los pequeños agricultores estén organizados para que, además de producir, administrar y comercializar eficientemente, también fortalezcan su poder político y reivindiquen que el Estado y los proveedores hagan lo mínimo que podrían y deberían hacer en pro del desarrollo agropecuario. Debidamente organizados y políticamente fortalecidos deberían reivindicar la adopción de las siguientes medidas:
1) Formulación de políticas nacionales de desarrollo que no discriminen en contra de la agricultura, y de políticas agrícolas en particular que no discriminen en contra de los pequeños agricultores.
2) Asignación al sector agropecuario de recursos adicionales y su distribución en forma más equitativa, en beneficio de todos los agricultores.
3) Adecuación en la formación de profesionales y técnicos de ciencias agrarias a las necesidades concretas de la mayoría de los agricultores y de los empleadores que contratan sus servicios. Estos demandantes requieren egresados mucho más pragmáticos, eficaces y prácticos, que tengan real capacidad de ayudar a solucionar los problemas de los agricultores "tales como ellos son y con los recursos que realmente poseen". Para ello necesitan egresar con conocimientos más relevantes, con mejores habilidades, aptitudes y destrezas y con actitudes de compromiso para transformar realidades tan adversas como por ejemplo la ilustrada en el dibujo N° 4 y, de hacerlo si es necesario, sin contar con recursos adicionales a los que allí están ilustrados.
4) Adecuación de las orientaciones y el funcionamiento de los servicios agrícolas de apoyo a las necesidades concretas de los agricultores. Muchos de estos servicios tienen pesadas e ineficientes estructuras burocráticas, están sobrecargados de funcionarios mal remunerados y desmotivados, y presentan inaceptables contradicciones entre: i) lo que declaran sus objetivos constitutivos; ii) las actividades que verdaderamente ejecutan; y iii) lo que las familias rurales realmente necesitan recibir de ellas; dichas contradicciones generalmente son muy profundas. Es necesario hacerlos cumplir sus objetivos constitutivos; exigir que sus actividades sean ejecutadas con eficiencia y eficacia para que produzcan resultados concretos; definir claramente sus funciones y eliminar sus distorsiones y deficiencias; descentralizar y desconcentrar sus actividades para que los agentes de desarrollo estén más cercanos a los agricultores y a sus problemas cotidianos; eliminar rutinas y controles administrativos innecesarios; modernizarlos (no tanto en equipos y edificaciones, pero sí en procedimientos y actitudes); hacer más eficientes sus mecanismos de operación e intervención; y adoptar nuevas metodologías para ampliar su cobertura. Asimismo, desburocratizarlos, despolitizarlos, agilizar sus operaciones y reasignar a los funcionarios, capacitándolos para que mejoren su desempeño y exigir de ellos que no sólo cumplan con ejecutar las actividades pero que se comprometan a que éstas produzcan resultados, sin lo cual de poco sirven.
Todo lo anterior, con el propósito de que dichas instituciones y personas cumplan realmente con su deber de ofrecer servicios que tengan capacidad de dar respuestas eficientes y efectivas a las necesidades y problemas de la mayoría (no de una minoría) de los agricultores; de no ser así, es difícil justificar la razón de su existencia y, aún más difícil, conseguir que se les asigne recursos adicionales. Es urgente romper el círculo vicioso en el cual el Estado no aporta recursos suficientes a los servicios agrícolas de apoyo porque son ineficientes éstos, a su vez, se vuelven aún más ineficientes porque el Estado no les proporciona el apoyo necesario. Si no es posible aumentar los presupuestos de dichos servicios, es preferible reducir estructuras y metas para que las instituciones dispongan de recursos suficientes para pagar adecuadamente a sus funcionarios y con ello poder exigir que operen con eficiencia.
Definitivamente, no se justifica seguir manteniendo estructuras que por estar sobredimensionadas se mantienen inoperantes, ya que sus recursos apenas alcanzan para pagar los bajos sueldos de los funcionarios, y no así para los gastos operativos necesarios para ejecutar sus actividades sustantivas y cumplir las finalidades para las cuales fueron constituidas.
Finalmente, es necesario tener en cuenta que: a) estos organismos públicos son mantenidos por la sociedad; b) los profesionales que en ellos se desempeñan generalmente estudiaron en escuelas públicas mantenidas con los impuestos aportados por la sociedad; y c) para mantener dichos organismos y pagar los sueldos de sus empleados el Estado deja de ofrecer otros importantes servicios a una gran cantidad de sus habitantes; es decir la sociedad se sacrifica y se priva de otros bienes y servicios para poder mantener estos organismos públicos de apoyo a la agricultura y pagar los sueldos de sus funcionarios. Esto significa que los profesionales de dichos organismos no tienen el derecho de negar (y sí tienen el deber moral de ofrecer) reales oportunidades de desarrollo a quienes, con sus sacrificios y privaciones posibilitaron que estos profesionales hayan sido formados en el pasado y estén siendo pagados en el presente; máxime cuando dichas oportunidades dependen de los conocimientos que poseen y de los puestos que ocupan; ambos financiados por los aportes directos o indirectos de los agricultores, quienes tienen el derecho de recibir esta justa retribución.
5) Adecuación de las escuelas básicas rurales para que se transformen en centros de participación comunitaria y formación de recursos humanos: las escuelas básicas deberían ofrecer a los niños rurales los conocimientos, habilidades y actitudes para que, una vez adultos, protagonicen la solución de sus propios problemas y promuevan su desarrollo y el de sus comunidades, en forma más autónoma. Esta adecuación debería introducir cambios en los contenidos de la enseñanza, en los materiales didácticos, en los métodos pedagógicos y en la formación/capacitación de los docentes [5]. Los niños rurales no deberán seguir siendo obligados a memorizar tantas fechas de hechos históricos y nombres de héroes de otros países, la longitud de ríos y altura de montañas de otros continentes, o el nombre de animales exóticos; pero sí deberían recibir una educación relevante para la vida en el campo, para el trabajo rural y para el compromiso social de promover el desarrollo de sus comunidades.
Es necesario que a los niños rurales se les enseñe: i) menos sobre semáforos, rascacielos, puertos, balnearios y centros de recreación urbana (que los desarraigan de su medio), y ii) más a valorar lo rural; a identificar las riquezas y recursos productivos existentes en las fincas, a utilizar racionalmente y en su propio beneficio dichos recursos, a no dañar el medio ambiente, a desarrollar sus habilidades manuales, aproducir y consumir frutas, verduras y otros alimentos en forma balanceada, a procesar y conservar alimentos, a pesar y medir, a calcular proporciones, intereses, superficies y volúmenes, a aplicar primeros auxilios; a tener mejores hábitos de higiene; a no contaminar el agua; a tener una letrina para la familia; a aplicarse vacunas y adoptar otras medidas profilácticas; a cepillarse los dientes; a lavarse las manos antes de las comidas; a estimular el desarrollo de la personalidad, con autoestima y autoconfianza; a valorar la solidaridad; a ayudar al prójimo; a asociarse o cooperar con él para solucionar problemas comunes y a promover el desarrollo de la comunidad; y a identificar nuevas oportunidades de producir más y mejor, de progresar y de vivir mejor en el campo. En fin, que se les impartan conocimientos útiles que les ayuden a solucionar sus problemas cotidianos de vida, de trabajo y de participación comunitaria, que se les enseñe más de lo actual y de lo cercano y no tanto de lo pasado y de lo lejano.
La adecuación aquí propuesta se debe al hecho de que la cobertura casi universal de las escuelas básicas rurales podría contrarrestar, a bajo costo, la limitada capilaridad de los servicios de extensión rural. Además, el paso por la escuela básica es, para muchísimos habitantes rurales, la única oportunidad en toda su vida de recibir algún tipo de formación regular y sistematizada.
6) Exigencia a los fabricantes de equipos para que éstos sean más durables, económicos y funcionales a las escalas de producción de los distintos estratos de agricultores. En cuanto a los insumos agropecuarios, exigir semillas adaptadas a adversas condiciones productivas, plaguicidas más eficaces y menos dañinos, fertilizantes más eficientes, etc. No es justo que el sector agrícola pague por ineficiencias que no son suyas y que éstas sean trasladadas a los costos de producción (y distribución) y con ello reduzcan las ganancias de los agricultores.
Los cambios anteriormente propuestos son necesarios para que todas las familias rurales tengan efectivas oportunidades de desarrollarse. Sin embargo, es necesario mencionar que la adopción de un adecuado modelo de desarrollo agropecuario, la formulación y ejecución de políticas agrícolas compatibles con las necesidades de la mayoría de los agricultores y la adecuación de la institucionalidad de apoyo al agro a las necesidades de estas mayorías, no se generará espontáneamente, de arriba hacia abajo, ni de afuera hacia adentro.
Es necesario considerar que la formulación de las políticas está influida por personas que, de alguna forma, se benefician del statu quo o que no tienen sensibilidad ante las necesidades y sufrimientos de las mayorías nacionales postergadas; transformaciones más profundas atentarían en contra de los intereses de quienes sacan provecho de la situación vigente. Por estas razones, los cambios que normalmente estos formuladores proponen son superficiales o los mínimos necesarios para no amenazar o poner en riesgo su estabilidad.
El sector agropecuario, sin embargo, exige cambios amplios, profundos y muy urgentes; los cuales sólo podrán ser llevadas a cabo si aquellos que actualmente pagan o sufren las consecuencias del modelo imperante tienen acceso a las decisiones correspondientes. Por esta razón adicional, es imprescindible que los agricultores estén organizados para fortalecer su poder político y reivindicatorio; sólo así serán capaces de lograr las amplias, profundas y rápidas transformaciones que exige la formulación de las políticas y el funcionamiento de la institucionalidad de apoyo al agro. Por todas las razones antes mencionadas, estos cambios deberán ser conquistados por ellos en forma protagónica y organizada. De lo contrario, en el medio rural no habrá cambios, ni desarrollo agropecuario, ni mucho menos equidad.
La estrategia descrita en los capítulos anteriores requiere un esfuerzo conjunto y mancomunado, dentro del cual los agricultores, debidamente capacitados, cumplirán con su atribución de producir, administrar y comercializar eficientemente; y estos mismos agricultores, debidamente organizados, canalizarán sus demandas para que el Estado cumpla con su deber de adecuar las instituciones públicas que apoyan el agro, para que éstas les proporcionen las oportunidades y los estímulos que ellos requieren para protagonizar su autodesarrollo. En la etapa de transición que mediará entre el tradicional intervencionismo del Estado y el nuevo protagonismo de los agricultores, las referidas instituciones (escuelas básicas rurales, organismos de investigación y servicios de extensión), deberán jugar un rol estratégicamente muy importante: a ellos les corresponderá la esencial tarea de proporcionar los insumos intelectuales (conocimientos y tecnologías) que serán imprescindibles para contrarrestar la insuficiencia de los insumos materiales (créditos, maquinarias, etc.) que el Estado está dejando
de proporcionarles; consecuentemente, dichos servicios deberán ser reorientados, fortalecidos, estimulados y apoyados con los recursos necesarios y por sobre todo, deberán volverse mucho más eficientes y mucho más capaces de ayudar a los agricultores para que ellos mismos solucionen sus problemas.
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